En un artículo en la revista británica de psicología The Psychologist, S. Alexander Haslam y Stephen D. Reicher ambos ex nazis de la segunda guerra mundial argumentaban que los crímenes a la escala no pueden ser cometidos por «personas corrientes». Las personas que cometen ese tipo de crímenes «se identifican activamente con grupos en donde la ideología se justifica y se perdona junto con la opresión para imposición o la destrucción sobre de otros». Es decir, saben que están cometiendo un crimen, pero simplemente encuentran una manera de justificarlo.
Si, a ello le sumamos el libro sobre la banalidad del mal término que fue acuñado por su autora Hannah Arendt (1906-1975), deberíamos entonces preocuparnos por nuestra democracia, en una publicación en Ginebra, para los medios internacionales el 11 de septiembre del año 2012 por la agencia de noticias (EFE) en donde exhorta la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, a través de su representante Navi Pillay, en donde instó al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez a reconsiderar su decisión de no retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y advirtió de que ello puede suponer un serio revés para la protección de las libertades esenciales en el Venezuela y la región.
El pueblo venezolano está tomando de forma muy banal el problema de nuestras libertades que estan seriamente amenazadas de concretarse la salida de órgano como lo la Salida de la CIDH que es un fraude a la sociedad venezolana, Liliana Ortega, directora de la organización no gubernamental Cofavic y Jesús María Casal, abogado y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello como lo vienen denunciando.
Ante esto la erosión y el desgaste de las instituciones del estado para garantizar el derecho a defendernos y ¿por qué no a la protesta? Por abusos por parte del gobierno serán seriamente liquidados, lo cual traería como consecuencia nuestra sociedad bajo un estado totalitario.
Es por ello, que despiertan muchas suspicacias el desespero de la fracción del partido del gobierno para aprobar una ley habilitante para el presidente Nicolás Maduro, y así combatir la corrupción según él y no un instrumento para socavar no solo la inmunidad parlamentaria de los diputados de la oposición o a cualquiera que critique y/o denuncie al gobierno aplicándole la norma antes mencionada.
Todo esto no puede ni debe pasar desapercibido por la sociedad venezolana la magnitud de este hecho nos pone en peligro de concretarse la salida del órgano, es cuando me recuerda un comportamiento similar a la gestión del ex presidente Chávez huir hacia adelante o la estrategia de los trapos rojos, desviar la atención de la opinión publica venezolana con el apagón en los 14 estados del país y así de esta manera lograr arrebatarnos nuestros derechos humanos que estan consagrados en nuestra constitución; De concretarse la salida de la CIDH podríamos estar en la antesala de la dictadura del partido del gobierno en el país.
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